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La Fundación Yagüe actuará contra los funcionarios de la Junta de Castilla y León implicados en el secuestro del Archivo del General Yagüe.

 

El Archivo del General Yagüe, que fue depositado (no donado) por la Presidenta de la Fundación Yagüe a la Junta en manos de la Junta de Castilla y León hace ya 9 años, continúa secuestrado, ahora en manos del Centro Documental de la Memoria Histórica (Salamanca).

El depósito se realizó en su día con el compromiso de digitalización y posterior devolución por parte de las autoridades autonómicas. No obstante, en un flagrante incumplimiento del acuerdo alcanzado por la depositante, la Junta trasladó el Archivo a un depósito de titularidad estatal, sin que éste fuera aprobado debidamente por el Consejo de Ministros, cauce habitual para el traslado de archivos.

Durante todos estos años, la Fundación ha realizado infinidad de gestiones para recuperar el Archivo, para que, en definitiva, la parte depositaria cumpliera con su compromiso de devolución. Una vez finalizada la digitalización acordada, el Archivo no ha sido reintegrado, y la Junta desoye en todo momento nuestras peticiones, poniendo infinidad de escusas sin fundamento alguno.

Por ello, la Fundación ha acordado actuar contra todos los funcionarios implicados en dicho secuestro, a fin de depurar responsabilidades y de esclarecer de dónde proceden las órdenes que impiden la resolución del depósito efectuado en su día.

La base jurídica de nuestro parecer la hallamos en el Capítulo XI, Título II del Código Civil. Todo su articulado tiende a proteger la voluntad del depositante (en este caso, la Fundación) frente a los intentos de apropiación indebida del depositario (en este caso, la Junta de Castilla y León). En particular, son esclarecedores los siguientes artículos:

1766 CC. El depositario está obligado a guardar la cosa y restituirla, cuando le sea pedida, al depositante, o a sus causahabientes, o a la persona que hubiese sido designada en el contrato

1775 CC. El depósito debe ser restituido al depositante cuando lo reclame, aunque en el contrato se haya fijado un plazo o tiempo determinado para la devolución.

Creemos que la Ley es rotunda al respecto, y en la claridad no cabe interpretación, por lo que ejerceremos el Derecho que nos asiste para recuperar los fondos depositados y secuestrados en la actualidad.

La Fundación.

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