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Informe enviado por el Magistrado don Jose Antonio Sanchez Faba.- fecha de envió el día 6 de julio de 2009 por correo electrónico gruista@gmail.com teléfono móvil.- 622/041555.

Nulidad de los actos revocatorios de distinciones honoríficas otorgadas a personalidades franquistas.

Jose Antonio Sanchez Faba.- Magistrado

Con frecuencia, se producen acuerdos de diferentes Corporaciones locales, provinciales, autonómicas, por lo que se desposee a personas ligadas al origen franquista de distinciones honoríficas que les fueron concedidas, tales como nombramiento de hijo adoptivo o predilecto de alguna localidad, regidores honorarios, etc.

Sorprendentemente, nadie parece haberse interesado en investigar la adecuada a Derecho de tales acuerdos, por lo que parece oportuno el examen de su legalidad, dejando a un lado, por supuesto, toda opinión de carácter político o partidista y limitándose a realizar un somero análisis estrictamente jurídico del tema.

En 1976, a la muerte de General Franco rigen en España siete Leyes Fundamentales:

Fuero del Trabajo- Ley de Cortes.-Fuero de los Españoles.- Ley de Referéndum Nacional.- Ley de Sucesión en la Jefatura del Estado.- Ley de Principios del Movimiento Nacional y Ley Orgánica del Estado.

Las siete constituyen en su conjunto una preseudoconstitucion abierta del Estado fundado tras el alzamiento de 18 de julio de 1936.

Una de ellas, la Ley de Sucesión de 26 de julio de 1947 define a España como Reino art 1 Atribuye a la Jefatura del Estado al Generalísimo Franco.- art 2 establece a la sucesión en la máxima magistratura, cuando quede vacante, de una persona a titulo de Rey, previamente designado por las Cortes a propuesta del Jefe del Estado.- Art 6 y el procedimiento para la derogación o modificación de las Leyes Fundamentales.- art 10 al fallecimiento del Jefe del Estado Don Juan Carlos de Borbón y Borbón, sucesor designado por las Cortes a propuesta del Generalísimo, fue proclamado Rey de España.

Siendo indudable el anhelo de la mayoría del pueblo español de dotarse de un régimen democrático semejante al establecido en los países europeos occidentales, se suscita la duda de cual será el camino adecuado para alcanzar ese objetivo; ruptura con el pasado o reforma del sistema.

La clase política eligió la segunda opción y para llevarlo a cabo, las Cortes aprobaron una ley para la Reforma Política, refrendada por los ciudadanos el 15 de diciembre de 1976 en Referéndum que contó con una participación del 77% del censo y un 80% de votos a favor.

La Ley, aunque se autodefine como una mas a la octava de las Leyes Fundamentales del Reino, cambiaba totalmente la estructura jurídica-política del Estado, derogaba implícitamente las otras leyes Fundamentales, sentaba los principios básicos de la democracia y anunciaba la próxima  convocatoria de elecciones democráticas a Cortes.

Realizada la consulta electoral, las Cámaras elaboran por amplísimos consensos un proyecto de Constitución que al ser aprobado por referéndum significa la transformación pacifica, ordenada y legal del Estado Totalitario en Monarquía Parlamentaria

Es, pues, evidente que el vigente constitucional español procede por evolución legislativa de la legalidad persistente al mismo.

No existe en la reciente Historia de Derecho español dos conjuntos de leyes franquistas y el constituido por las leyes democráticas. Pues el pueblo español al decidir libremente y soberanamente cambiar la estructura del Estado, utilizando el procedimiento previsto en las Leyes Fundamentales, las reconocía expresamente como validas, lo que constituye requisito inexcusable para la propia validez del cambio jurídico iniciado, conforme al principio de derecho de que es nulo no puede producir efecto alguno.

Ese reconocimiento alcanza, no solo a las normas políticas básicas sino a las leyes civiles, penales y laborables, administrativas…. Dictadas en el franquismo, que subsistieron en todo lo que fue directamente derogado por la Constitución hasta que se sustituyeron o modificaron.

Así ocurrió con la Ley de Procedimiento Administrativo de 1958 en vigor hasta que fue expresamente derogada por la Ley 30/90 de 26 de noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Publicas y procedimiento Administrativo COm A º (Disposición Derogatoria ap b)

En una y otra norma, la anulación de oficio de actos administrativos recibe un tratamiento idéntico. Tanto en el arti110.1 de la Ley de 1956 como el 103.1 de l Ley de 1992 exige para que la Administración pueda anular de oficio los actos declarativos de derechos la declaración previa de su lesividad para el interA©s publico y la ulterior impugnación del acto lesivo ante la Jurisdicción Contencioso Administrativo.

Las distinciones otorgadas a personalidades del anterior régimen por distintas Corporaciones fueron sin lugar  a dudas actos validos por atenerse a los preceptos de la Ley de Procedimientos Administrativos de 1958, en vigor. Como hemos subrayado, hasta que fue expresamente derogado por la Ley 30/92 de 26 de noviembre.

Por consiguiente, la revocación de oficio de los actos administrativos que concedieron dichas distinciones exigía para su validez los requisitos de declaración de lesividad e impugnación judicial. Al haber sido omitidos, las Corporaciones han prescindido total y absolutamente el procedimiento legalmente establecido, lo que conlleva la nulidad de pleno derecho de tales acuerdos revocatorios, conforme a lo dispuesto por el art 62 c de la Ley 30/92 .

Por otra parte. Conforme al art 103.2 de dicha Ley, la declaración de lesividad no puede adoptarse transcurrido cuatro años desde que se dicta el acto administrativo objeto de anulación. Plazo transcurrido con exceso, no sA3 de la democracia y hasta de la promulgación de la Ley 39/92.

No puede existir, pues otra conclusión sino la de que honores otorgados conforme a normales legales, que incluso sobrevivieron intactas quince años a la desaparición del régimen durante el que fueron concedidas, han sido suprimidas de un plumazo, con vulneración flagrante de las normas legales de procedimiento establecidas por nuestro Estado de Derecho

Pues en definitiva, guste o no, nuestro ordenamiento jurídico pasa desde la legalidad franquista, y por los medios previstos en la misma a una y otras aceptadas implícitamente como validas por el referéndum de 1976 a la legalidad democrática sin solución de continuidad.

Como afirma Torcuato Fernandez Miranda, el gran estratega de la Transición, pasamos de la Ley a la Ley a través de la Ley

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